El objetivo es que las empresas deudoras  mejoren su estructura financiera y puedan ver más despejado su horizonte temporal. La idea no es nueva y viene discutiéndose desde hace meses entre las autoridades económicas y también los bancos nacionales, pero no se había dejado caer en público hasta ahora, con motivo de  flexibilizar las condiciones de los preconcursos de acreedores para evitar que un porcentaje pequeño de prestamistas pueda llevar, con su negativa a aceptar un acuerdo mayoritario, a una empresa al concurso o incluso a su liquidación.

 

Se trata de evitar que las empresas que en sí mismas son rentables y sostenibles, pero que se endeudaron en exceso en el pasado,  y están en procesos de refinanciación, sean ayudadas para que puedan superar ese bache temporal, evitando así  su liquidación o que acaben en manos de inversores que lo que buscan es maximizar sus ganancias mediante ventas por trozos y la práctica desaparición de las compañías.

 

La idea general que se maneja es que los bancos acreedores negocien con las empresas deudoras un plan de salida de la situación en el que se contemple que una de las palancas a utilizar sea la conversión de una parte de la deuda en acciones de las compañías.

 

Las ventajas para las empresas son evidentes: reducen sus costes financieros, lo que puede facilitar una vuelta a la normalidad menos angustiosa. Para los bancos podría parecer en principio menos interesante en la medida en que sus objetivos se centran en prestar y cobrar por ello, no tanto en participar accionarialmente. Máxime cuando, según Basilea III, las participaciones empresariales consumen mayores proporciones de recursos propios, de los que no andan muy sobrados. Pero, a cambio de llevar a cabo el canje de deuda por capital, los bancos pueden ver cómo se libera parte de las provisiones que tienen que hacer por las refinanciaciones de esos créditos al mejorar de forma clara la situación financiera de las empresas implicadas.

 

Los bancos preferirían, naturalmente, que no se les obligara a hacer provisiones por las operaciones de refinanciación en las que las empresas están al corriente de pago, como ocurre en la actualidad. Pero parece que muestran una cierta aceptación de entrar en el nuevo mecanismo que quiere impulsar el Gobierno siempre y cuando realmente el Banco de España esté dispuesto a abrir la mano y flexibilizar sus demandas de fondos para hacer frente a hipotéticos impagos en las empresas en las que los bancos figuran como accionistas de cierta relevancia.

 

 

Origen: RealEstatepress